Honduras busca transformar la licitación de 1500 MW en un punto de inflexión para su política energética, estableciendo reglas claras, criterios ambientales estrictos e incentivos a tecnologías limpias como el almacenamiento, con el objetivo de atraer inversión privada y consolidar una planificación energética moderna.
Durante el Future Energy Summit Colombia 2025, el Director de Planeamiento Energético y Política Energética de Honduras, Jorge Cárcamo, destacó que el proceso “se convierte en una hoja de ruta para futuras licitaciones, con señales adecuadas para el mercado, participación del sector privado y precios competitivos”.
La licitación, actualmente en curso, adjudicará 1500 MW de potencia instalada con foco en energías renovables. Una de sus principales novedades es la inclusión de sistemas de almacenamiento como solución a la intermitencia de la generación solar y eólica. “Estamos incluyendo criterios técnicos que garantizan calidad y confiabilidad, premiando a quienes incorporen almacenamiento”, explicó Cárcamo.
También se incorporaron límites de emisiones máximas como criterio excluyente para tecnologías fósiles, con el fin de evitar que proyectos contaminantes accedan al mercado solo por ser más baratos. “No podemos darnos el lujo de contratar proyectos que incrementen las emisiones o comprometan la sostenibilidad”, advirtió.
El proceso busca ser financieramente viable y creíble. Según Cárcamo, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han mostrado interés en respaldar proyectos derivados de esta licitación. “El apoyo de los multilaterales aporta confianza y reduce riesgos para los inversores”, afirmó.
La iniciativa no es aislada. Desde la planificación hondureña se busca construir una transición energética que también sea justa en lo social, sin comprometer empleos ni derechos. “No se trata solo de cambiar tecnologías, sino de hacerlo sin afectar la competitividad del país ni los derechos humanos”, sostuvo Cárcamo.
En este sentido, remarcó la necesidad de asegurar estabilidad regulatoria, especialmente para atraer inversión de largo plazo. “Estamos evitando repetir errores del pasado, donde se firmaban contratos sin evaluar el impacto social ni tener seguridad jurídica”, señaló.
En paralelo, Cárcamo vinculó la licitación a una mirada más amplia: la integración energética regional. Subrayó que, aunque hay voluntad política, aún persisten obstáculos estructurales. “La región necesita armonización normativa y estándares comunes. Si no lo hacemos, existe el riesgo de un ‘ecological dumping’, donde tecnologías sucias se trasladen a países con menores exigencias”, alertó.
Advirtió también sobre los problemas de infraestructura: redes eléctricas obsoletas y falta de coordinación operativa entre países. “Hoy la integración eléctrica centroamericana es más un titular que una realidad efectiva”, lamentó.
Cárcamo insistió en que el éxito no se mide solo en megavatios adjudicados, sino en la solidez técnica y regulatoria del sistema energético.
“En Honduras estamos construyendo confianza a través de normas claras y procesos transparentes. No se puede improvisar con el sector energético”, remarcó.
El país no solo busca ampliar su capacidad instalada, sino convertir este proceso en un modelo replicable, con alto valor técnico y social. En sus palabras: “Esto no es solo una licitación, es un cambio estructural en la manera en que pensamos el sistema energético hondureño”.
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