NOVEDADES


Antes de sancionarse el actual Marco Regulatorio, el ordenamiento del sistema eléctrico que regía mantenía a la Generación y a la Transmisión dentro de la Jurisdicción Nacional y ambos eran catalogados como Servicio Público.
En tanto que la Distribución y la subtransmisión eran de Jurisdicción Provincial, excepto Capital Federal y Gran Buenos Aires.
La Secretaría de Energía se encargaba de la planificación y la regulación.
Y el Despacho Nacional de Cargas se hacía a través de Agua y Energía con participación de HIDRONOR, SEGBA y otras empresas del Sector.
En el funcionamiento del servició eléctrico se observaban algunas deficiencias:
Existía dispersión institucional en las empresas del sector.
Hubo fallas en el planeamiento estratégico.
Politización de la gestión empresaria.
Falta de mínimos mantenimientos.
Crisis de abastecimiento 1988/89.
No existía el concepto costo - precio.
Colapso de los planes de expansión.
Se interrumpió la relación Empresa Pública-Servicio Público.

A inicios de la década del '90, y en medio de una crisis socio económica que repercutía lógicamente en el sector energético, se produjo una importante transformación en el sector eléctrico argentino.
El Estado decidió privatizar parte de la prestación del servicio eléctrico y se dividió el funcionamiento del servicio en tres etapas: generación (empresas que generan la energía eléctrica), transporte (empresas que transportan la energía desde el lugar en que se generan hasta los centros urbanos), y distribución (empresas que lo distribuyen desde los centros urbanos hasta los hogares de los usuarios).
En cuanto a la generación, se le permitió la libre competencia, y en consecuencia, la liberación del precio de la electricidad a nivel mayorista.
Pero, por la característica natural del sistema, el transporte y la distribución quedaron monopolizados ya que, por una cuestión de infraestructura, no pueden existir varias empresas para que el usuario pueda optar por una o la otra. Entonces, para garantizar equilibrio, es que surgieron los Entes Reguladores y lo convirtieron en un servicio regulado.
Así es que en diciembre de 1991, se dicta la Ley 24.065, conocida como Marco Regulatorio Eléctrico, y se dio lugar a una fuerte corriente de inversiones que permitieron, en principio, salir de los cortes programados que a diario interrumpían el servicio entre dos y cuatro horas. Luego, las inversiones apuntaron a progresar respecto del sistema en sí, mejorando la seguridad, la calidad y la potencia energética.
Por entonces, el modelo de transformación se constituyó en un ejemplo a nivel mundial, tanto por la rapidez con la que se salió de la crisis como por la extensión de la red eléctrica que tiene nuestro país.


El nuevo modelo de mercado se basa en la segmentación de las etapas eléctricas del sistema en sus tres componentes básicos: generación, transporte y distribución.
Estas actividades fueron encomendadas a empresas, en algunos casos privadas y en otros públicas, tomando el Estado Nacional a su cargo el rol de fijar las políticas del mercado y condicionar el accionar de las empresas mediante la regulación y las señales económicas.
Estos tres conjuntos de actores activos, como así también los Grandes Usuarios, son los únicos autorizados a participar del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de su previa calificación como "Agentes del Mercado".
El MEM está asociado al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) y, a principios del 2008, cuenta con 11.350 kilómetros de líneas en Extra Alta Tensión que cubren casi toda la extensión del país, incluyendo la Patagonia , que está integrada a la red desde marzo de 2006. Actualmente están en construcción y esperan su inauguración en el transcurso del 2008, 1.500 Km de Líneas de Alta Tensión más, mientras que otros 2.000 Km adicionales están en proceso de licitación para su construcción en dos extensos tendidos que una vez concluidos harán llegar a todas las provincias continentales argentinas al menos una línea de Extra Alta Tensión.
A través de este Sistema Argentino de de interconexión, el MEM abastece al 99% de la demanda del sistema eléctrico argentino, mIentras que el 1% correspondiente a cooperativas locales para las demandas dispersos de todo el país.


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